domingo, 9 de enero de 2011

CURIOSO ¿NO?

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ENTRE EL AÑO 2000 Y 2005 EN ARAGÓN
Encuentran irregularidades en 61 contratos tramitados por el Gobierno de IglesiasSegún informa La Gaceta, el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en 61 de 101 contratos de la Junta del ahora secretario de organización del PSOE, entre los años 2000 y 2005. Hay obras pagadas sin acreditar e incrementos inesperados de precios.

El Tribunal de Cuentas ha investigado las cuentas de la Junta aragonesa entre los ejercicios comprendidos entre 2000 y 2005. Y el resultado: que un 60% de los contratos analizados contienen irregularidades en su tramitación.

La Consejería que más irregularidades almacena es la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Carlos Escó Samperiz, según La Gaceta. De los 101 contratos, 61 han llamado la atención del Tribunal. No obstante, la consejería de Cultura, presidida por la mujer de Escó, Eva Almunia, también tiene irregularidades contractuales.

La Fiscalía estudia ahora responsabilidades por conceder "sin justificación ni publicidad" la reforma y amplliación del Museo Pablo Serrano por 1,4 millones de euros. Y el encargo de "acondicionamiento del tramo Cretas-Valderrobres de la carretera TW-301" no acredita obras por valor de 348.587,07 euros. Son sólo dos ejemplos de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Según informa La Gaceta, el Tribunal también pone de manifiesto los criterios anómalos de adjudicación por parte de la Junta. Es lo que ocurre en el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato de la "nueva infraestructura del tramo Serraduy-Obarra de la carretera A-1605". La administración socialista no especificó el método de selección de las ofertas presentadas más allá del precio propuesto.

Sin embargo, dice el diario, la realidad es que se admitieron varias ofertas cuyos precios excedían del presupuesto de licitación, e incluso una de dichas ofertas fue la de la empresa adjudicataria del contrato, que aumentó el coste del a obra de los 3.128.285 hasta la cantidad de 5.374.150 euros.

El pliego incluyó como criterio valorativo el historial de la empresa en trabajos anteriores con la Dirección General de Carreteras de Aragón, algo que vulnera los principios de igualdad y no discriminación que rige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Entre las irregularidades detectadas también hay encarecimietos de obras como el que envuelve a la modificación de la urbanización del parque Goya, que incrementó su precio hasta un 18%, y las obras de acondicionamiento de la carretera A-226 en Las Planas, que sumaron 423.262 euros a la cifra inicialmente aceptada.